Los últimos 25 años, el transporte pesado en Ecuador enfrenta un problema sin resolver: la falta de un piso tarifario técnico que garantice estabilidad y justicia en la prestación de servicios. Pese a múltiples ministros de transporte, directores de la ANT y directivos del transporte, el gremio continúa sin esta herramienta que regule las tarifas.
El Gobierno ecuatoriano tiene la autoridad legal para decretar y exigir el cumplimiento obligatorio del piso tarifario. Esta facultad la ejerce a través del MIT y de la ANT. Mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 018-2022 del MTOP se definió una fórmula genérica de fijación de tarifas cuyo cumplimiento es sumamente complejo y, a menudo se ignora o se acomoda a acuerdos privados dando como resultado incertidumbre.
El imperdonable error
Radica en las organizaciones del transporte que motivan la fragmentación gremial que debilita su capacidad de negociación con el Estado. El mismo gremio ha aceptado pasivamente la falta del piso tarifario técnico. Muchas dirigencias se conforman con beneficios coyunturales como subsidios o acuerdos temporales de compensación. Esta perezosa y nada profesional actitud ha permitido que las autoridades de turno no asuman al piso tarifario como una prioridad urgente. Las dirigencias tienen gran parte de culpa en esta deuda histórica de más de 25 años.
Intereses empresariales y personales
Dirigentes y empresarios prefieren mantener esquemas propios de negociación de tarifas para obtener beneficios individuales. La competencia desleal también juega un papel importante; muchos aceptan tarifas por debajo de lo real para ganar contratos. Esta dinámica genera un círculo vicioso en el que la ausencia de regulación estatal beneficia a unos y perjudica al gremio.
Incumplimiento y falta de control institucional
Toda empresa o contratista está obligado legalmente a pagar por los servicios de carga. Es una normativa de carácter vinculante y no un simple consejo comercial. Trabajar por debajo de la fijación establecida de tarifas o forzar tarifas inferiores, puede acarrear sanciones administrativas para las operadoras y fiscalizaciones regulatorias. En la práctica, el Estado no cuenta con un sistema tecnológico automatizado o al menos inspectores que auditen cada factura emitida por concepto de fletes para verificar que se cobra menos del mínimo de ley.
Alta rotación de autoridades, un obstáculo constante
Desde el año 2000 se ha tenido más de 15 ministros de transporte, incontables directores en la ANT y muchísimos directivos del transporte. Todos ellos pudieron gestionar un piso tarifario técnico, pero nada se ha logrado.
Otro actor determinante: El generador de carga
En la negociación directa (oferta y demanda), las grandes o pequeñas empresas generadoras de carga imponen su poder de mercado. Muchas veces fijan tarifas mínimas aprovechando la sobreoferta de camiones independientes que necesitan trabajar para pagar sus deudas.
Según la normativa de control de mercado, las empresas que cometen competencia desleal o imponen precios predatorios (como forzar tarifas bajas) pueden ser sancionadas con multas de hasta el 12% de los ingresos brutos de la empresa infractora. También, los gremios o transportistas afectados pueden emprender acciones judiciales colectivas exigiendo indemnización económica por los ingresos no percibidos debido al incumplimiento de la tarifa obligatoria.
El gran vacío en la práctica
La debilidad del control radica en el mecanismo de detección: como las transacciones ocurren mediante facturación privada entre empresas y choferes (muchas veces maquillando los conceptos o registrando menos kilómetros de los reales), la ANT y la Superintendencia solo actúan si existe una denuncia formal y documentada del transportista o de su gremio. Al denunciar, el transportista arriesga perder de forma definitiva al cliente, lo que genera un temor generalizado a reportar estas violaciones al mercado.
| En conclusión: Los transportistas que buscan optimizar sus ingresos para equilibrar los egresos por el alza del diésel, deben exigir que se establezca a la brevedad posible, un PISO TARIFARIO TÉCNICO Y REAL |
