Los apuros económicos en los que se encuentra actualmente el servicio de transporte de carga y de pasajeros de Ecuador, están obligando a los empresarios del transporte a redefinir sus políticas de administración y operación del negocio. Esto con el fin de localizar los otros aspectos en donde están perdiendo dinero.
El fin es “ir llenando el vaso poco a poco”. Identificar claramente los ítems en donde, aunque sea en poco porcentaje, están dejando de percibir o perdiendo dinero, permitirá implementar nuevos sistemas contables, administrativos y operacionales para corregir esas fugas de dinero.
Lea también: Responsabilidad de los directivos del transporte frente a sus empresas
Una mala administración es tan grave como el alza del diésel
Existe un problema estructural menos visible pero igualmente determinante: la deficiente gestión empresarial. La contratación barata de choferes o tripulación sin preparación técnica, sin experiencia profesional o deshonesta, incrementa el riesgo de siniestros de tránsito y convierte el aparente ahorro económico en pérdidas considerables que pasan desapercibidas y que solo se hacen pesan en la ecomía cuando el vehículo ha sido destruído en un choque o volcamiento o queda retenido por semanas.
Cada siniestro implica daños materiales, larga paralización de unidades, gastos en reparación, pérdida de ingresos y afectación a la continuidad del servicio. A ello se suman consecuencias humanas y jurídicas que pueden quebrarlo y sacarle del negocio.
El transporte exige personal calificado, evaluación y actualización permanente; también requiere respeto por las normas laborales. Mantener a los conductores y demás personal legalmente contratados no solo garantiza derechos, sino que favorece jornadas reguladas, motiva mayor compromiso y mejores estándares de seguridad. La informalidad y la improvisación generan desgaste físico, errores humanos, desinterés y la consecuente falta de reacción en la vía.
Analizando así, la rentabilidad del transporte no depende sólo del precio del combustible, sino también de decisiones empresariales responsables. Invertir en capacitación, legalidad y prevención no constituye un gasto innecesario, sino una estrategia inteligente para proteger vidas, preservar el patrimonio y fortalecer un servicio eficiente y sostenible.
