El transporte de carga no quiebra solo por el diésel caro o por las malas vías. Quiebra, principalmente, porque quien paga el flete decide cuánto vale. Ese es el núcleo del dumping empresarial que hoy atraviesa al sector.
Grandes productoras, comercializadoras y cadenas de retail fijan a su gusto y conveniencia la tarifa por tonelada o por viaje, y el transportista no puede negociar. Esta distorsión ha generado un DUMPING tarifario interno con servicios contratados a valores por debajo del costo técnico real.
Acepta o se queda sin trabajo, el precio es impuesto por quien contrata la carga y no por quien conoce y soporta el verdadero valor de transportar.
El ganador es simplemente quien cobra menos, empezando así círculos viciosos que desencadenan en una competencia destructiva en la cual alguien reduce 50 dólares; otro baja 100, y un tercero acepta regresar casi sin margen para continuar trabajando. Así, el mercado deja de competir por eficiencia y compite por supervivencia.
El flete técnicamente calculado
Se deben reconocer costos fijos, variables, administrativos, financieros, tiempos improductivos, retorno de la unidad, depreciación y una rentabilidad razonable. Cuando alguno de estos componentes desaparece del cálculo, ¡lo absorbe el transportista! Y las consecuencias se notan cuando posterga el mantenimiento preventivo, extiende la vida de frenos y neumáticos, alarga la renovación vehicular, aumenta el endeudamiento y deteriora su seguridad operacional. Así termina beneficiando al generador de carga con un flete barato, mientras destruye su trabajo y el de su gremio.
ANT y MTOP: una deuda histórica que exige solución definitiva
Durante más de 25 años, la ANT y el Ministerio del Transporte se han limitado a reuniones o mesas técnicas, estudios, resoluciones y hasta “inventos” que no corresponden a los costos reales y cambiantes del combustible, repuestos, salarios, financiamiento y mantenimiento. El gremio del transporte necesita una metodología actual, tecnológica y pública que determine técnicamente el costo mínimo referencial u obligatorio de cada operación. La responsabilidad estatal no consiste en permitir que los generadores de carga impongan al transportista que soporte las pérdidas. Debe equilibrar la relación comercial históricamente desigual y garantizar sostenibilidad, seguridad y competencia justa. El piso tarifario debe establecer EL LÍMITE ECONÓMICO DEBAJO DEL CUAL TRANSPORTAR DEJA DE SER SOSTENIBLE.
Se debe pasar de la negociación basada en necesidad a la contratación basada en costos apoyados en la tecnología que permita calcular cada operación según su especialidad.
El transporte pesado requiere condiciones para competir técnicamente, porque mientras el precio continúe fijándolo quien no conduce, no se mantiene el camión. La supuesta libre competencia seguirá escondiendo esta profunda desigualdad contractual. Un país que pretende fortalecer su logística no puede construir competitividad sobre los hombros de los transportistas que trabajan por debajo de sus costos.
El flete técnico no es un privilegio gremial, es una condición para la sostenibilidad del transporte, la seguridad vial y la economía nacional.
