Radares en el Limbo: Entre la parálisis institucional y las víctimas de la velocidad
Las cifras de la siniestralidad vial en el Ecuador han dejado de ser simples estadísticas para convertirse en una epidemia de videos virales y tragedias cotidianas en las carreteras. Al cierre del año pasado, el país registró un alarmante repunte de más de 20,300 siniestros de tránsito, y el arranque de este 2026 proyecta un escenario aún más crítico, superando ya los 1,000 fallecidos en las vías en lo que va del año. El factor común en la mayoría de estos eventos fatales sigue siendo el mismo: el exceso de velocidad. Sin embargo, mientras las vidas se pierden en el asfalto, el sistema de control electrónico que debería prevenir estas muertes se encuentra sumido en un absoluto congelamiento institucional.
Detrás de esta parálisis existe una trama de plazos legales vencidos y omisiones por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La hoja de ruta técnica estaba claramente trazada. Mediante la resolución RES 033-DIR-2024-ANT, y su posterior reforma a inicios del año 2025 a través de la RES 010-DIR-2025-ANT, se estableció el nuevo Reglamento de Homologación, Operación y Control de dispositivos tecnológicos, obligando a una estricta verificación metrológica de los radares para frenar los abusos de las llamadas “multas fantasmas”.
A esto se sumaron mandatos de jerarquía superior: la Ley Orgánica de Integridad Pública y la resolución de normalización INEN-INEN-2025-0015-RES fijaron plazos perentorios para que la ANT ejecutara las evaluaciones técnicas y emitiera las autorizaciones formales.
Cálculos políticos y la justificación del apagón institucional
El cierre temporal y la reestructuración logística que sufrió la ANT en febrero del presente año agravaron el retraso. No obstante, la conveniencia política también se ha sumado a este panorama. En el actual clima electoral, con autoridades de los GAD enfocadas en su reelección o en asegurar nuevos cargos públicos, el control de la velocidad y la fiscalización de los radares se han convertido en un tema “incómodo”. Ningún candidato está dispuesto a asumir el costo político de regular o intervenir un sistema que genera un profundo rechazo popular, prefiriendo ignorar una crisis que cuesta vidas diariamente.
Mientras la ANT continúa sin atender su responsabilidad fiscalizadora, el Ministerio de Transporte e Infraestructura ha impulsado el proyecto de la Tercera Placa que se promueve como una política estatal irreversible. Se trata de una iniciativa tecnológica basada en etiquetas RFID. Más allá de la identificación digital, el beneficio que se puede llegar a concretar con la tercera placa es emplear esta tecnología para dar el salto hacia los radares de tramo (o medición de velocidad promedio entre dos puntos separados).
Esta tecnología que es tendencia vanguardista a nivel mundial, busca reemplazar el radar de punto fijo — el cual provoca en ciertos casos, reducciones bruscas de velocidad — para obligar a los conductores a mantener una velocidad sostenida y segura a lo largo de corredores viales completos.
Un escenario de total indefensión ciudadana
Mientras varios municipios han cumplido con su obligación de mantener el control metrológico de sus equipos instalados para cumplir con el reglamento de homologación vigente y los laboratorios de calibración acreditados como Vehicle Safety Automotive – VSA, han actualizado sus procedimientos con nuevos estándares técnicos exigidos por la ANT; el limbo de control que la Agencia ha dejado que se forme configura un escenario de trágico para los ciudadanos.
Por un lado, el país ya cuenta con las herramientas tecnológicas y legales para el funcionamiento correcto de los radares, y por el otro, el número de siniestros por exceso de velocidad crece día a día con víctimas fatales, mientras la entidad, que es la llamada a vincular estas dos aristas en beneficio de la vida de los usuarios de vehículos y transeúntes, se mantiene inactiva.
