¿Y los fotorradares?

19 de septiembre 2019 6:23 por: Maritza Guevara

Por Jacinto Salas Morales
SAN PEDRO DE HUACA (Carchi)

El 8 de abril de este año decenas de taxistas, y choferes identificados con el transporte pesado, interprovincial, interparroquial, taxis, entre otros, se dieron cita en la vía E35, junto a los fotorradares fijos que, para esa fecha, controlaban la circulación vehicular en San Pedro de Huaca. Dos jóvenes treparon por el alto poste que sostenía el dispositivo de control y, en medio de la algarabía y los aplausos de los presentes, taparon con una improvisada cubierta uno de los fotorradares fijos, aparato que, a partir de ese momento, dejó de registrar la velocidad de los vehículos que circulaban por el sector.

La extraña protesta no fue sino el anuncio de lo que sucedería setenta días más tarde, cuando el 20 de junio, y en cumplimiento de una acción de protección dispuesta por la Defensoría del Pueblo y otra medida cautelar otorgada por el Tribunal Penal del Carchi, Movildelnor suspendió de manera definitiva el funcionamiento de los fotorradares fijos y móviles en la E35, a la altura de la parroquia de San Pedro de Huaca.

Una medida política

Para el coronel Edgar López, exgerente de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movildelnor), que engloba el manejo del tránsito de quince cantones de cuatro provincias de la región norte, la decisión de retirar los fotosensores ubicados en Huaca, tiene más de política que de técnica. Rechazó los argumentos de las organizaciones de choferes y defendió la necesidad de ubicar los fotorradares, como única forma de obligar a los conductores a cumplir las normas legales relativas a la obligatoriedad de conducir dentro de los límites de velocidad establecidos.

Sostuvo que la razón para la ubicación de los sensores fue, exclusivamente, bajar el alto grado de accidentabilidad que registraba la zona debido, en un gran porcentaje, a la velocidad con la que conducen los automotores.

Dijo que la experiencia demuestra que, hasta el presente, ninguna otra medida ha sido idónea para convencer a los choferes sobre la obligación de sujetarse a la norma. “Ni la educación, ni las campañas han sido suficientes. Los conductores simplemente no quieren sujetarse a la ley, por lo que no queda otra alternativa que los fotorradares”, precisó.

Sí se hicieron estudios

Para el exgerente, la ubicación de los sensores no fue arbitraria ni caprichosa, obedeció a un estudio previo, análisis de estadísticas, la georeferenciación, la incidencia de la siniestralidad, y se los aplicó cumpliendo todas las exigencias de ley. Explicó que se analizaron factores como la ubicación de establecimientos educativos, la presencia de animales en las vías y recordó que la E35 divide la zona urbana en dos.

Contradijo la versión de las organizaciones de choferes y afirmó que se contó con la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), algo que la clase gremial ha negado.

Alternativas sugeridas por las organizaciones como la semaforización, o los reductores de velocidad son mecanismos antitécnicos e inconvenientes en una carretera como la E35 y pueden ocasionar graves accidentes.

¿Un triunfo de la clase del volante?

La oposición a los fotorradares, comenzó prácticamente casi el mismo día en que se inició su funcionamiento, cuando los controles técnicos de los fotosensores mostraron el alto grado de incumplimiento de los límites de velocidad por parte de los conductores y, como consecuencia, las sanciones y multas comenzaron a multiplicarse. Ello generó una actitud hostil contra el sistema y contra la decisión de Movildelnor.

La oposición encontró apoyo en diversas organizaciones: la Asociación de Transporte Pesado, la Asociación de Transporte Interprovincial, la Unión de Operadoras de Taxis del Carchi, la Cámara de Transporte de Montúfar, los conductores particulares afectados por el sistema y el Comité Cívico para la Reactivación Económica.

Los reclamos liderados por el dirigente de la Unión Provincial de Operadoras de Taxis no encontraron eco en Movildelnor, por lo que las organizaciones y el Comité Cívico pidieron una acción de protección de la Defensoría del Pueblo y medidas cautelares al Tribunal Penal del Carchi.

Para el exgerente de Movildelnor los argumentos esgrimidos demuestran un desconocimiento grave de la ley de Transporte y Tránsito Terrestre. Como consecuencia, las decisiones que obligan a Movildelnor a retirar los fotosensores, sientan un mal precedente y restan autoridad a los organismos de control. “Solo falta que comiencen a retirar los sensores ubicados en otras provincias”, dijo.

La alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco y el actual gerente Juan Manuel Mantilla, anunciaron, en rueda de prensa que aceptaban las disposiciones del Tribunal Penal y la Defensoría del Pueblo. En consecuencia pidieron a Trafficnor el retiro de los radares y solicitarán acordar un plan de pago para devolver el valor de las 31.083 multas. Movildelnor no está en capacidad, en este momento, de devolver esos valores.

¿Quién responderá por los siniestros?

El coronel (sp) Edgar López pregunta si en el futuro, Dios no quiera, se producen siniestros de consideración: ¿quién responderá por ello? ¿Serán los que exigieron el retiro de los fotoradares o las autoridades que les dieron la razón?

Lo cierto es que las medidas tomadas tienen un fuerte componente político. Se tomaron en época electoral y habría estado de por medio el afán de evitar un conflicto más en la provincia del Carchi.