19 de agosto 2020 6:00 por: Janeth Cruz
Edición 142 - Agosto 2020 • Quito
Más de 20 gremios de la transportación solicitaron a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, su apoyo para que las medidas de reactivación económica incorporadas en la Ley Humanitaria se amplíen a este sector que no cuenta con recursos para cumplir con sus obligaciones crediticias (el pasado 3 de agosto).
Eduardo Soto, de la Coop. Urbana Río Toachi, de Santo Domingo de los Tsáchilas, dijo que en el Reglamento de la Ley Humanitaria se debe dejar claro que los artículos 10 y 12 deben permitir beneficios para que la reprogramación de deudas se extienda a los transportistas.
De su lado, Pablo Lima, de la Cámara de Transporte Urbano de Quito, recordó que el transporte representa el 7 % del PIB, así como el 9 % de las plazas de trabajo a nivel nacional; mientras José Santamaría, del mismo sector, expresó que Quito es la única ciudad en la cual se mantiene una tarifa congelada por 17 años, lo cual no se compadece con la realidad que afronta este gremio.
Byron Morejón de los Ríos y Segundo Rea, de los transportistas urbanos de Quito, coincidieron en que la crisis se arrastra desde las protestas de octubre de 2019 y que gran parte de la problemática responde al congelamiento de la tarifa del transporte público.
Entre tanto, Ricardo Onofre, dirigente urbano de Guayaquil, subrayó que en estos momentos difíciles que vive la transportación se requiere que el Estado coloque recursos para créditos a través de la banca pública con intereses que no superen el 5 % y con plazos más amplios. “Así habrá una recuperación económica”, dijo.
Sector en bancarrota
Para Christian Sarmiento de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas, el sector se encuentra en bancarrota, sin que las autoridades den oído a sus necesidades. Según dijo, existen incoherencias entre las instituciones financieras públicas respecto a lo que prevé la Ley Humanitaria o, simplemente, no quieren aplicar sus disposiciones.
Desde la representación de los taxistas de Guayaquil, George Mera dejó señaló que están trabajando a pérdida y no tienen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, menos aún, para pagar las deudas a la banca.
Fernando Ortiz de la transportación pesada de Santo Domingo, aseveró que las autoridades están llevando a su sector, no solo a la quiebra, sino a la pérdida de sus unidades al no poder cancelar sus obligaciones crediticias.
También intervinieron Jhonny Camba de la Asociación de Choferes Profesionales y no Profesionales de Guayaquil y Diofre Alcívar, representante de la transportación urbana de Manabí.
Tras escuchar a los transportistas, Johana Cedeño, presidente de esta Comisión de la Asamblea pidió la comparecencia del presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y de los superintendentes de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, para que expongan las últimas resoluciones expedidas por la entidad en aplicación de las disposiciones de la Ley de Apoyo Humanitario.