El transporte interprovincial de pasajeros enfrenta uno de los mayores desafíos de los últimos años: impedir que las organizaciones delictivas utilicen encomiendas y equipajes para movilizar sustancias sujetas a fiscalización. La Unión de Transporte de Pasajeros del Carchi asegura que las operadoras han reforzado los protocolos de control para proteger a los usuarios, al personal y a la imagen del sector.
El presidente Reinaldo López explicó que toda encomienda debe registrarse con la identificación del remitente y del destinatario, y que, cuando existen sospechas, las empresas tienen la facultad de revisar el contenido o incluso rechazar el envío. Además, el personal recibe capacitaciones permanentes sobre detección de paquetes sospechosos y las consecuencias legales de involucrarse en actividades ilícitas.
Afirmó que las organizaciones criminales suelen recurrir a “mulas” para transportar droga, por lo que insistió en la importancia de mantener los protocolos de identificación y vigilancia. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no aceptar transportar paquetes de desconocidos y utilizar los servicios de encomiendas de forma responsable, recalcando que está en riesgo la libertad, la credibilidad de las operadoras y causa un profundo impacto social en las familias y la ciudadanía.
