15 de junio 2020 9:00 por: Jorge Pavicich
Edición 141 - Junio 2020 • Guayaquil
Se ahonda la incertidumbre sin que se vislumbre algún plan estatal para solventar el descalabro financiero en el sector transportista con más incógnitas que respuestas. Lo único cierto es que al transporte público se le ha ignorado su importancia en el desarrollo, pese a que el art. 55 de la Ley de Transporte Terrestre (LOTTTSV) lo determina como “servicio estratégico”.
Hasta que no se fije un método de regulación tarifaria para el transporte urbano bajo análisis técnicos y no políticos de los costos reales de operación, y se garantice el retorno de la inversión, todos los planes que se creen no podrán cumplir los objetivos propuestos y solamente serán de interés comercial, con riesgo de corrupción.
En Guayaquil transportistas y usuarios soportan abusos de las arbitrarias disposiciones consecuencia de la interpretación de la autonomía municipal que, prevalida de poder político, otorga privilegios al Sistema de Transporte Masivo violentando la norma Constitucional 394 que no lo permite; además, vulnera el orden jurídico dado en los Contratos de Operación. Los oficios enviados son recibidos pero sin cumplimiento y se ignoran los derechos del transportista.
Algunos GAD no solo que obligan a mantener una tarifa de 25 centavos fijada hace 17 años (24/enero/2003), sino que, sus funcionarios por temores electorales y compromisos preestablecidos permiten la Modalidad Alternativa Excepcional o “Tricimotos” en desacato a la LOTTTSV que en la Disposición General Segunda regula su circulación. Lo permiten anteponiendo sus propias ordenanzas que violan la jerarquía superior de esta Ley Orgánica, mostrando inconformidad con las normas rectoras establecidas en el Código Orgánico Administrativo.
En tiempos de pandemia se advierte una profunda crisis por lo cual algunas medidas serán necesarias y hay que tener confianza en las autoridades para aceptarlas; tema difícil porque que no la tenemos.