Cuando el trámite es negocio, la institución deja de ser pública

08 de septiembre 2025 9:00 por: Yolanda Quinche
Ambato • BV 172 agosto-septiembre 2025

La ANT y GADs cantonales han sido señalados en múltiples relatos de ciudadanos que apuntan a prácticas opacas y a una alarmante falta de control institucional, volviendo cierta la afirmación: cuando el trámite es negocio, la institución deja de ser pública. Lamentablemente, Tungurahua evidencia una preocupante combinación de ineficiencia e indicios de corrupción sostenida.

La percepción creciente entre la población es que los trámites dependen más de influencias personales o pagos informales, que del cumplimiento de los requisitos legales.

En cantones como Ambato, Baños o Tisaleo se repiten las denuncias ciudadanas sobre cobros indebidos, bloqueos arbitrarios de procesos y la existencia de “gestores” que, desde kioscos ubicados cerca de las oficinas públicas, agilizan trámites a cambio de dinero.

A este escenario se suman las quejas de propietarios de patios de compra y venta de vehículos, quienes denuncian estar atravesando una “crisis silenciosa” debido a los constantes bloqueos en los trámites de traspaso. “No podemos concretar las ventas porque los trámites están trabados o supuestamente observados por el sistema”, afirman.

El sistema AXIS 4.0

Utilizado por la ANT para gestionar los procesos, es señalado por su vulnerabilidad y fallas recurrentes. Expertos en tecnología advierten que se trata de una plataforma con antecedentes de innumerables hackeos no corregidos y falencias de seguridad deficiente, lo cual lo convierte en un entorno propicio para la manipulación de datos y el uso indebido de información.

Lo que no logran resolver las instituciones oficiales, sí lo consiguen los tramitadores informales con el apoyo de malos funcionarios de la misma ANT, generando lucro a partir de la necesidad y desesperación de los usuarios. En el transporte, donde la transparencia y la agilidad deberían ser pilares fundamentales, hoy reina la opacidad y se mantiene abierta la puerta a la intermediación ilegal.

Si no se toman medidas urgentes y estructurales, este modelo de gestión continuará afectando no solo la movilidad y la economía, sino también los principios básicos de justicia administrativa en todo el País.