19 de agosto 2020 6:00 por: Janeth Cruz
Edición 142 - Agosto 2020 • Quito
Luis Felipe Vizcaíno, presidente de Fenatrape, reconoció que el impacto económico ha ocasionado una disminución del 40 y 50 por ciento del trabajo. Por ello hizo un llamado al Gobierno para que suspenda la creación de nuevas empresas de transporte pesado y se controle estrictamente a las de “cuenta propia”. Además precisa que se requiere una reestructuración de deudas, diferimiento de todos los procesos burocráticos de matriculación y revisión de los más de 13 impuestos que el transporte debe pagar para activarse adecuadamente. La suspensión debería ser hasta diciembre de este año. “No queremos que el Gobierno haga solo anuncios y promesas; queremos que nuestros pedidos sean atendidos de manera urgente”, afirmó.
De los 227 mil camiones pesados que ruedan por las carreteras del país, solo hay 150.000 trabajando. Más de 70 mil camiones están varados sin trabajar. La paralización de las industrias automotriz y de la construcción que laboran en coordinación con el transporte pesado también ha afectado pues no hay liquidez que es el oxígeno de las empresas. “Este rato se demoran lo pagos y no hay trabajo. Pedimos a la banca públicamente que reestructure las deudas, ellos son el sector que menos se ha afectado y eso está bien. Pedimos que se prorrogue los pagos pendientes hasta diciembre y así oxigenar la liquidez para continuar evitando una catástrofe, porque el transporte pesado es aliado del desarrollo y de la economía pues mueve todos los productos; sin logística y transporte pesado hay desabastecimiento generalizado en el país. La Junta Bancaría debería actuar fuertemente y monitorear lo que pasa en el sistema financiero con el acatamiento de la Ley Humanitaria”.
“Sorpresas” en proyecto de Ley de Transito.
Sobre el proyecto de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre que está para segundo y definitivo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, Vizcaíno dijo que esta iniciativa legal no responde a la realidad ni a las sugerencias técnicas que emitieron desde su sector.
Según el dirigente, el Ecuador pierde cada año 2.300 vidas en las carreteras, y se producen más de 25 mil siniestros anuales. Esto representa pérdidas para la economía nacional de alrededor de 3 mil millones de dólares por año.
La Ley incorpora acciones coercitivas, sancionadoras; pero, Vizcaíno cree que se debe propender a una política fuerte de seguridad vial porque en el Ecuador nadie se encarga de sacar adelante proyectos de semaforización inteligente y estructurada, reductores de velocidad técnicos, iluminación, playas de estacionamiento en carreteras para que los conductores públicos y privados puedan descansar, pasos elevados, etc. También hace falta que alguien se encargue de realizar levantamiento de estadísticas de accidentes para tomar acciones correctivas precisas.