Tarifa urbana represada desde 2003.

19 de agosto 2020 6:00 por: Maritza Guevara
Edición 142 - Agosto 2020 • Quito

Ing. Jorge Yánez, coordinador de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, que agrupa a 800 buses urbanos, hace un análisis sobre la tarifa estancada del transporte urbano.

En julio pasado, la Cámara de Transporte realizó una caravana para presionar a las autoridades del Municipio de Quito que revisen la tarifa urbana represada desde el 2013. Se sumaron las operadoras del corredor central norte, de los valles de Tumbaco y Los Chillos.

Las autoridades y usuarios opinan que el incremento del pasaje urbano debe ir de la mano con una mejora del servicio; pero el Ing. Jorge Yánez considera que el nivel de dicho servicio debe ser propuesto desde la autoridad que por mandato eonstitucional debe garantizar los servicios públicos, entre ellos el transporte; por lo tanto, es responsable y encargada de señalar los parámetros e índices a cumplir en la prestación del servicio.

“Nosotros podemos cumplir los parámetros exigidos, pero se requiere considerar el costo de la mejora del servicio que en nuestro caso se mide por el costo de kilómetros operados, y con base en esto se puede calcular el valor de la tarifa técnica. El valor real de este servicio público podría ser cubierto entre el Estado y quien lo usa”. En ese sentido sugirió que se pueden usar formas mixtas para cubrir los costos, para que el beneficiario del subsidio sea el usuario.

La propuesta también contempla generar un modelo de contrato de operación que especifique el nivel de servicio y las obligaciones, tanto del transportista como del Municipio de Quito.

Subsidio al usuario, no al transportista.

Yánez explicó que, a nivel nacional, existe una base de datos de quienes reciben el bono solidario; esta información podría ser contrastada con los datos que reposan en las Colecturías de los colegios públicos. Así se podría generar, como lo hacen en otros países, los denominados “vales de transporte electrónico” para que las personas de escasos recursos los utilicen para movilizarse. En este grupo podrían estar los padres de familia que no tienen ingresos para pagar el pasaje; es decir, los que menos tienen. Mientras que, las personas con ingresos fijos si pueden pagar una tarifa técnica de al menos 35 centavos.

Estado de la negociación

De acuerdo con su criterio, la negociación para que la tarifa se eleve a 35 centavos va por buen camino. Recordó que desde junio del año pasado se acordó con la Secretaría de Movilidad que ese debería ser el valor del pasaje. “Este acuerdo está sustentado con validaciones nacionales e internacionales, más debe ser aprobado por el Concejo Metropolitano”, reconoció.   

Durante la administración del alcalde Mauricio Rodas, la Comisión de Movilidad (instancia legislativa encargada de emitir un informe previo a llegar al primer debate en el Concejo), emitió informe favorable el 16 de agosto de 2018, pero fue dejado de lado, rompiendo la institucionalidad de la Municipalidad. La actual Comisión continúa analizando la propuesta de la dirigencia del transporte. Yánez opinó que la mejor forma de garantizar que la ciudadanía acceda a un proceso continuo de mejoras es contar con un marco legal que genere seguridad jurídica, lo cual se puede conseguir con un nuevo contrato de operación con cláusulas claras.

Los Contratos de Operación y las rutas.

En el actual contrato de operación, firmado en el 2017, la cláusula 6.2 establece que la tarifa debe ser ajustada de forma bianual tomando como base los costos de la tarifa que paga el usuario más todos sus componentes; es decir, los ingresos que se reconocieron tanto en el Plan de Fortalecimiento, como en el Plan de Redistribución que determinó el subsidio de 5 centavos por usuario. Consecuentemente, la tarifa base de Quito es 30 centavos pues está compuesta por los 25 centavos que paga el usuario más los 5 que subsidiaba el Municipio. Sin embargo, esta cláusula no ha sido respetada por la autoridad creando inseguridad jurídica al sector.

Jorge Yánez aclaró que los transportistas no son propietarios de las rutas sino delegatarios del servicio público y están en la obligación de pedir al Estado que garantice el correcto funcionamiento del servicio. “Nosotros pedimos el alza de las tarifas para poder elevar el nivel de servicio en beneficio del usuario; y no para provecho propio”, afirmó.  

Inminente riesgo de escasez de transporte.

En este momento en Quito la operación que ejecuta el transporte urbano no cubre los costos de operación, ni combustibles, ni mano de obra directa o indirecta. Ciertas operadoras están en la disyuntiva de reducir personal o cerrar algunas áreas como la de recaudación, mantenimiento, entre otras.  

Con este panorama, Yánez advirtió que el servicio de transporte en la capital va a empezar a disminuir; incluso, la Empresa Pública de Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito ha empezado a reducir las unidades alimentadoras del Trole y Ecovía por falta de recursos, lo cual genera disminución del servicio en perjuicio de los usuarios que ahora deben esperar una unidad alimentadora el doble del tiempo que antes.

“Llegará un momento en que no se va a poder hacer más, Esto va a generar aumento de la informalidad”, apuntó. Hasta el cierre de esta edición (agosto 14, 2020), la flota de buses en Quito operaba entre el 25 y 30%. En el pasado las flotas de buses privados realizaban alrededor de 1 millón 600 mil viajes/día; y hoy debido al distanciamiento no llegan a mover 450 mil viajes/día

La Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros está demostrando en la práctica que ya no tiene presupuesto para mover buses. “Si este problema se alarga más se estaría sepultando y enterrando a esta empresa, y más si empiezan a tener problemas de flujo de caja; también se estaría sepultando al Metro de Quito que ni siquiera nace. Esta es la gran responsabilidad que tienen en este momento los 21 concejales del Distrito Metropolitano”, afirmó.

Sistema  de  recaudo electrónico “empantanado”

Alrededor del 70% de los transportistas están de acuerdo con el sistema de recaudo electrónico, pero en el Municipio el tema está empantanado desde 2005. En ese año, Translatinos lanzó un plan piloto pero por problemas políticos en el Municipio el proyecto se cerró. Una consultoría contratada con la Escuela Politécnica Nacional determinará las condiciones del sistema que, con el apoyo de una aplicación, el usuario podrá pagar con su teléfono celular. Yánez consideró que con esta iniciativa se terminará la denominada “guerra del centavo” que compite por pasajeros.