20 de octubre 2020 10:00 por: Elvis Merino
BV 143 - Octubre/Noviembre 2020 • Loja
En el 2018 se conformó el Colectivo “Frente de perjudicados por cobros injustos de matrículas a vehículos muertos o chatarrizados”, realizados por parte de la ANT y el SRI, cuya finalidad fue evitar se perjudique a miles de ecuatorianos propietarios de carros inexistentes o que no circulan.
El Lic. Guido Calderón Calle, profesor retirado y directivo del Colectivo, al verse perjudicado junto a varios familiares, se interesó y entró de lleno a trabajar. Explica que el cobro de este “impuesto” se inició en el 2018 cuando salió la Ley de Fomento Productivo donde había la remisión de multas e intereses por infracciones de tránsito y otros, a nivel nacional.
Perjudicados
Cientos de propietarios de vehículos recién se enteraron por los mensajes persuasivos del SRI: “acérquese a arreglar” y, otros cuando declaraban sus impuestos se enteraron de que eran propietarios de “otro carro” que en la realidad fue vendido hace 5, 20, 30 y hasta 50 años atrás, pero que estaban generando impuestos que iban de USD 1.000 hasta 40.000, puesto que, a su debido tiempo no fueron dados de baja. Incluso el propio SRI tiene una moto con 7 años de deuda.
En esas circunstancias, Calderón acudió al SRI para tratar de arreglar porque “adeudaba” USD 2.000 por un carro que vendió hace 25 años. Pero dice que el lema del SRI y ANT es “PRIMERO PAGUE Y DESPUÉS HABLAMOS” por lo que no pudo arreglar. “Tuve que convertirme en detective y descubrir que ese carro había sido chatarrizado por la Policía Nacional en el 2016 y por lo tanto, se cometía una injusticia.
Como este caso, dice, en el país existe miles de perjudicados. Como ejemplo de su investigación cita que acudió a la Jefatura de Tránsito del Azuay en Gualaceo y le dieron un listado de 834 carros chatarrizados y; sin embargo, constaban en el SRI y ANT por cancelar altas sumas de dinero.
Resolución
“Ha sido un largo camino por el que hemos tenido que transitar para que de alguna forma se haga justicia. Al final de tantas reuniones, plantones y denuncias por los medios de comunicación logramos obtener la resolución 008 de 2019 en la administración de la ANT presidida por Álvaro Guzmán, quien accedió y comprobó que eran cobros injustos, quedando bloqueados”.
Sin embargo, Calderón agrega que Guzmán fue claro y frontal al indicarles que lo único que estaban esos valores era bloqueados en la ANT, pero que en algún momento podían cobrarse, por lo que era necesario una ley para darlos de baja, ya que en materia tributaria solo el Presidente de la República podía hacerlo, ni siquiera la Asamblea.
Ley los beneficia
El Colectivo no se da por vencido y los perjudicados con Calderón a la cabeza, continúan el trámite hasta solucionar el problema. Coincidencia o no, el año anterior el Presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional la Ley Económica Urgente con un artículo, disposición segunda que mandaba extinguir valores por reajustes de vehículos. “Esa era nuestra oportunidad y tras múltiples contactos y una lucha tenaz en la Asamblea nos dijeron que sí podríamos ingresar algo para que se dé de baja y no esté solo bloqueado, incluyéndose cuatro articulados a nuestro favor en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria”.
Sin embargo, tiene reparos con el actual director de la ANT, Juan Pazos y la secretaria, Amparito Pillajo, “quienes en un principio, quiero creer por desconocimiento, se resistían a acatar y dar cumplimiento a la Ley. Hace pocos días, tuvieron que hacerlo llamar a Pazos a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea para que de una explicación y, por fin, el 24 de septiembre debió reunirse el Directorio de la ANT para empezar a dar solución primero a los bloqueados y luego a los demás”.
Calderón señala que estarán atentos al cumplimiento, porque de no ser así, llegarán hasta el Ministro de Obras Públicas para denunciar el particular.