01 de marzo 2023 3:07 por: Redacción Buen Viaje
BV 157 Febrero - Marzo 2023 • Guayaquil
Son los GAD Municipales los que deben determinar la política y esquema tarifarios a aplicarse en sus cantones. En nuestra Ley, el marco legal determina que la tarifa debe ser socialmente justa, eso quiere decir que sea acequible al usuario y, por otro lado que el transportista obtenga la suficiente cantidad de dinero para los gastos de la operación y una utilidad razonable.
El Ministerio de Transporte publicó un acuerdo ministerial en el cual se determina la metodología para el cálculo de la tarifa técnica. Lastimosamente, nuestro marco jurídico no establece la metodología para calcular exactamente la tarifa socialmente justa, lo cual hace que se vuelva altamente política. Los polítcos que llegan a los consejos municipales no quieren tomar decisiones antipopulares ya que el pueblo quiere el mejor servicio pero barato y la autoridad lo acepta, mientras por el lado de los transportistas tienen la vision de tener rentabilidad razonable.
Esa rentabilidad razonable en el acuerdo ministerial se estable con la tasa interna de retorno que, en un contrato de delegación de transporte publico a 10 años, debe ser del 14%. Entonces, los municipios deben tomar en cuenta todas esas variables para calcular la tarifa técnica. Como ejemplo: en Quito la tarifa técnica en 2019 bordeó los 42 centavos; pero, por razones políticas se determinó que sea de 35 centavos como tarifa socialmente justa. Ahí hay una brecha de 12 centavos que debe ser cubierta por alguien. En Quito iba a ser el Municipio con el concurso de rutas y frecuencias que se cayó y ahora se continua en el mismo vacío.
Transporte del primer mundo con tarifa del tercer mundo.
En época electoral, todos hablaron de la tarifa socialmente justa, sin conocer con exactitud que es. Una definición puede ser que esta tarifa es un porcentaje de la canasta básica familiar, pero no se sabe que porcentaje es. A nivel de Latinoamérica la canasta beasica familiar es una forma de medir el costo de vida de la gente. En esa canasta básica familiar está contemplado el rubro transporte. En una familia tipo de 4 personas, el 15% de sus ingresos se destina al transporte. Haciendo un ejercicio con números, en Quito los cálculos indican que las familias utilizan para transportarse un 9% de sus ingresos totales.
En Ecuador, en muchos cantones, ese valor no llega ni siquiera al 7% del ingreso familiar. Entonces, el sector que presta el servicio público ha perdido poder adquisitivo porque cobra menos por su servicio de transporte. Eso genera precarización en la mano de obra, lo cual hace que no pueda contratar mano de obra de calidad porque no puede ser bien pagada. Pueden poner buses súper modernos y conductores de los mejores del mundo; pero, si no están bien remunerados, no continuarán trabajando.
La forma de calcular la tarifa socialmente justa en el país no está determinada en ninguna parte, ni que rubros o factores se deben considerar. Por eso, miembros del transporte urbano han hecho una consulta y solicitud al MTOP para que determine la metodología de calcular esta tarifa y bajar el nivel de politización. Pero no se sabe nada. En Quito, los directivos han conversado con el Alcalde para que de manera técnica y franca, se decida a establecer el valor socialmente justo para la tarifa.
Se espera que los nuevos alcaldes tengan la fortaleza de hacerle frente a este tema tan escabrozo, pero que debe ser resuelto para lograr mejorar el servicio urbano.