La piratería más fuerte que nunca en todo el país.

15 de junio 2020 9:00 por: Maritza Guevara
Edición 141 - Junio 2020 • Tulcán

Desde tiempo atrás ya existía la piratería y competencia desleal de vehículos pequeños que quitan el trabajo a los buses interprovinciales legalmente constituidos. Lo grave es que en la época de la emergencia sanitaria, mientras los buses se mantienen guardados, los piratas han proliferado y, sin saber cómo continuado trabajando, inclusive transportando venezolanos desde Huaquillas hacia la frontera con Colombia, ¡sin que hayan sido detenidos en ningún puesto de control a lo largo de la serranía!, ¿con que tipo de salvoconductos lo logran?

Los transportistas interprovinciales han solicitado a las autoridades que se aperture su trabajo ya que “hemos sido muy respetuosos de todas las disposiciones y las hemos cumplido y continuamos esperando. Mientras tanto el transporte informal saca ventaja porque no pertenecen a ningún gremio, actúan sin ley y eso nos preocupa porque una vez que retornemos, y dependiendo del protocolo que indiquen a seguir las autoridades, se requiere que se haga un control estricto de los informales que se han aprovechado de esta situación de la pandemia y querrán continuar laborando perjudicándonos”, señaló un directivo interprovincial del Carchi.

“Se van a cumplir 3 años del inicio de la migración de los vecinos venezolanos; nosotros hemos transportado gente de la frontera norte a la sur y viceversa. Con la pandemia hemos visto la desesperación de la gente que se ha quedado en las fronteras y han necesitado movilizarse a como de lugar y es entonces cuando han proliferado los carros piratas con salvoconductos dudosos, que cobran cantidades extremadamente elevadas. Tenemos conocimiento de que han cobrando hasta USD 300 por persona desde Huaquillas a Tulcán, en carros pequeños que también llevan paquetería, carga y encomiendas y hasta se han puesto oficinas, todo sin permisos legales”, señala el dirigente. Mientras tanto, los buses interprovinciales que están listos para transportar pasajeros con las seguridades exigidas, continúan esperando las voluntades de cada uno de los más de 200 COE cantonales y/o provinciales que deciden sus propias reglas, transformando el proceso en un viacrucis injustificado.