28 de abril 2017 2:50 por: Maritza Guevara
Por Ing. Juan Mogollón QUITO
Esta problemática se la ha venido dando desde hace algún tiempo y no sólo entre las empresas de transporte turístico con el interprovincial, sino también con el intercantonal, urbano y el escolar-institucional. El tema radica en que no se respetan las funciones asignadas en los Permisos de Operación de cada modalidad.
En dichos permisos claramente se especifica las funciones otorgadas a cada uno de ellos. Es decir, cada operadora de transporte interprovincial debe cumplir con las frecuencias asignadas por la ANT al pie de la letra.
Igualmente, las empresas de transporte escolar e institucional, como su nombre lo indica claramente, deben cumplir con sus recorridos según el requerimiento de las instituciones educativas y empresas, tanto públicas como privadas, dentro de los perímetros establecidos en cada una de las ciudades que les haya otorgado los respectivos permisos de operación.
Es inadmisible que los fines de semana y feriados se vea en los atractivos turísticos y en las carreteras del país vehículos de transporte interprovincial y escolar – institucional transportando usuarios fuera de la ruta asignada por la ANT y a veces son más numerosos que las empresas de transportación turísticas.
Permisos de Operación Vs. ANT
También incide en esta situación el que no haya equilibrio en la entrega de los Permisos de Operación para el transporte turístico por parte de la ANT, pues existen empresas hasta con 150 o 200 cupos (en papel), y otras con apenas 1 ó 2 cupos, lo cual limita a las empresas pequeñas a que puedan crecer con su parque automotor y cubrir la demanda.
En ese sentido hay que apelar a la sensibilidad de las autoridades de la ANT para que analicen esta situación y se brinden las facilidades necesarias para que las compañías pequeñas puedan incrementar sus cupos de unidades, y por tanto, ser más competitivas.
Por último, me gustaría acotar que se debe trabajar en forma conjunta entre todos los actores de esta problemática en pro de un bienestar común y alcanzar acuerdos duraderos tanto entre las autoridades nacionales: ANT, GAD municipales y los transportistas de las modalidades ya mencionadas, para que se de fiel cumplimiento a los reglamentos respectivos que los rigen y se encuentran vigentes, a nivel nacional, para así alcanzar una convivencia armónica como actores sociales.