A Jorge Fuertes no le importa si los fotorradares están activos o fueron clausurados, puesto que jamás abusa de la velocidad. Además no puede, porque a su pesado tráiler es conveniente imprimirle sólo la velocidad que la carga permite.
A su criterio, a los fotorradares se les dio un trasfondo político y mediático electoral; cuando en la práctica, la señalética y los dispositivos de medición de velocidad que no son malos. No son los fotorradares y su manejo debería asumirse con responsabilidad por los mismos conductores a cuenta de la seguridad de su vida, su vehículo y su carga.
El conductor carchense dice que la instalación de los fotorradares, en lugar de tener un fin legal y positivo, se convirtieron en una corruptela y negociado para empresarios y autoridades locales.
Para el abogado Enrique Hidalgo, el problema no fue tanto por los fotorradares en sí, porque su funcionamiento era legal, técnico y existen en todo el mundo. Fueron las irregularidades generadas por las citaciones y abusos de ciertos agentes de tránsito, lo que motivó la condena de los conductores.
