En las terminales terrestres de todo el país, muchos buses interprovinciales salen a media capacidad o casi vacíos. No es por falta de rutas, sino por la pérdida progresiva de pasajeros que optan por servicios informales que, aunque más costosos, prometen mayor seguridad y rapidez.
La inseguridad en carretera, sumada a la saturación de frecuencias en las mismas rutas y horarios, que provoca que los conductores entren en la espiral imparable del correteo para recoger un pasajero en cualquier parte de la vía, ha reducido la rentabilidad y elevado el riesgo operativo. Transportistas interprovinciales denuncian alarmante falta de control por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la entrega de cupos sin planificación técnica.
El resultado es un sistema de servicio público tensionado donde competir no significa mejorar el servicio, sino resistir para mantenerse en el negocio. Así, el problema deja de ser económico y se convierte en estructural con un sistema que sobrevive día a día, pero que necesita decisiones claras, manejo técnico y empresarial para no seguir perdiendo pasajeros, seguridad y confianza.
